A pocos días del recambio gubernamental llama la atención un comunicado de la Sociedad Rural de Río Cuarto sobre la futura Agencia Córdoba Agro. ¿Viene otra relación con Martín Llaryora?
Los representante del agro y del gobierno cordobés desde hace muchos años dan cuenta públicamente de la buena relación que mantienen. Tan así es el acercamiento entre ambos sectores que el primer ministro confirmado por el gobernador electo, Martín Llaryora, fue Sergio Busso, a cargo de la Cartera de Agricultura y Ganadería.
Por ese motivo no deja de llamar la atención el duro comunicado emitido por la Sociedad Rural de Río Cuarto. En el documento la entidad «expresa su preocupación y rechazo al modo en que el gobierno de
la Provincia lleva adelante la creación de un nuevo organismo de economía mixta denominado
Agencia Córdoba Agro que tendría a su cargo la ejecución de todas las acciones tendientes al
cumplimiento del objeto previsto en el Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA), creado
por Ley N° 10.679 y sus modificatorias, y que mayormente tienen como fin el mantenimiento y
mejora de los caminos rurales en la provincia».
Sorprende que los ruralistas hablen de «rechazar el modo» de comportarse del gobierno de Córdoba, algo adjudicado constantemente a las decisiones tomadas por el gobierno central. En otra parte de la misiva se menciona la «inaceptable celeridad en su concreción (de la Agencia) que impide a las instituciones que serán parte constitutiva o beneficiarias de sus acciones contar con los elementos mínimos para valorar aspectos centrales de su conformación». A lo que sigue un interrogante, que puede despertar suspicacias: «¿Por qué la necesidad de presentar el proyecto de la conformación y apurar el tratamiento legislativo sin abrir las siempre necesarias instancias de debate y enriquecimiento?«
Agencia Agro Córdoba
Ayer la Legislatura Provincial comunicó que el proyecto de creación de la Agencia tuvo despacho favorable, por lo que continúa su camino hacia la concreción. El nuevo espacio tendrá como objetivo, destaca la información oficial, «ser un ente de colaboración público-privada enfocado principalmente en la implementación del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA)».
Vale decir que el fondeo del FDA, que se utiliza para el mejoramiento de los caminos rurales, se conforma por el 60% de los ingresos del impuesto inmobiliario rural que abonan los productores, quienes tienen una vinculación directa con el uso de esos recursos a través de la Mesa de Enlace. Todo parecería indicar, teniendo en cuenta el comunicado, que los ruralistas piensan que la creación de la Agencia le quitará protagonismo en las decisiones.
¿Cambia la relación entre el campo y el gobierno con Llaryora? La pregunta aún no tiene respuesta, pero la reacción del campo no pasó desapercibida.
