Ángeles Naveyra destacó la inminencia del dictamen para la nueva ley de biocombustibles y la reforma del trabajo agrario y afirmó que el foco de mediano plazo está puesto en eliminar definitivamente los derechos de exportación.
La presencia del sector agroindustrial en el Congreso de la Nación consolida un rol activo y estratégico que va más allá de la intermediación tradicional. De esta manera, la presidenta de la Fundación Barbechando, Ángeles Naveyra, dialogó con Cadena de Valor y destacó la relevancia de llevar a los legisladores al territorio para que comprendan de primera mano la dinámica productiva y agilicen el tratamiento de leyes estructurales para el desarrollo del país.
“Contamos con una agenda del agro que hoy sí está presente en el Congreso con temas clave que la Argentina necesita que de una vez por todas se transformen en ley”, señaló. Entre los principales avances parlamentarios, Naveyra ponderó el progreso de la nueva ley de biocombustibles, la cual ya transitó su primera jornada informativa y se encamina a la obtención de dictamen. El proyecto prevé elevar el corte de bioetanol (maíz y caña) al 15% y el de biodiésel al 10%, eliminando cupos y precios máximos.
Al analizar la dinámica de funcionamiento del Poder Legislativo, la titular de Barbechando reconoció que el Congreso trabaja habitualmente en sintonía con las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo, pero remarcó que el parlamento conserva su iniciativa propia para adecuar los proyectos a las necesidades reales de la producción.
Como ejemplo de esta articulación, Naveyra mencionó que la ley de modernización laboral no contemplaba modificaciones para el empleo rural, pero gracias a la propuesta técnica de la entidad, se lograron incorporar y reglamentar cambios específicos para el sector.
En sintonía con la política de descentralización de la administración central, la propuesta de biocombustibles busca dotar de autonomía a las provincias para que definan aspectos regulatorios en sus jurisdicciones. Un criterio similar al aplicado en la discusión sobre la venta de tierras a extranjeros.
En la planificación de mediano plazo, el objetivo prioritario para la Fundación Barbechando radica en la eliminación de los derechos de exportación (DEX) mediante el debate legislativo. “Vamos a seguir trabajando para que las decisiones que toma el Ejecutivo vía decretos tengan su correlato automático en el Congreso”, afirmó Naveyra.
La dirigente advirtió que la única garantía para evitar que futuras administraciones reinstalen estos gravámenes es la derogación legislativa del artículo 755 del Código Aduanero, la norma que faculta al Ejecutivo a fijar retenciones.
Por otro lado, la entidad impulsa la creación de un marco normativo nacional para la aplicación de fitosanitarios. Ante la falta de una ley de alcance federal, actualmente conviven normativas municipales y provinciales dispares que generan inseguridad jurídica para los productores según la jurisdicción y el criterio de los jueces locales.
Finalmente, la presidenta de Barbechando valoró el rumbo general de desregulación y simplificación de trámites que lleva adelante el Gobierno, recordando las trabas comerciales que afectaban al sector exportador de carnes hace dos años, y reafirmó la importancia de utilizar los canales formales y las mesas de diálogo parlamentario para corregir cualquier diferencia técnica en los proyectos de ley.
