En el taller desarrollado durante el Congreso Aapresid 2026, referentes de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y la comuna de Cañada Rosquín presentaron los instrumentos regulatorios, de fiscalización y trazabilidad digital con los que buscan evitar la judicialización y otorgar previsibilidad a la actividad agropecuaria en las zonas de interfaz.
La sostenibilidad de las cadenas agroalimentarias y la estabilidad de las inversiones territoriales dependen de un factor crítico: la previsibilidad normativa en las áreas donde la trama urbana colinda con los lotes agrícolas. En la Sala Innovación del Congreso Aapresid 2026 —realizado junto a Expoagro—, el taller “Gestión de periurbanos: construyendo confianza entre producción y comunidad” reunió a funcionarios de la Región Centro para debatir cómo la tecnología y la presencia del Estado permiten resguardar la producción ambientalmente responsable frente a la amenaza de las prohibiciones drásticas.
En la mesa expusieron Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe; Marcos Blanda, secretario de Agricultura y Recursos Naturales de Córdoba; Carina Gallegos, directora de Agricultura de Entre Ríos; y María Eugenia Racciatti, presidenta comunal de Cañada Rosquín (Santa Fe).
Herramientas provinciales para la estabilidad operativa y comercial
Santa Fe: fiscalización activa y actualización tecnológica: Ignacio Mántaras abordó la complejidad de articular la Ley Provincial de Fitosanitarios (vigente desde 1995) con los 365 municipios y comunas locales que suelen dictar ordenanzas dispares. Para evitar el desorden regulatorio que desincentiva la inversión en el territorio, la provincia capacitó a 1.800 operarios y fiscalizó 200 empresas en el último año.Mántaras remarcó la importancia de sumar veedores, regular el uso de drones para aplicaciones de precisión e intervenir institucionalmente en los debates locales para aportar fundamentación técnica basada en datos, evitando que el retiro del Estado derive en conflictos que frenen la actividad.
Córdoba: datos meteorológicos e integración tecnológica en tiempo real:Marcos Blanda expuso que, si bien el cumplimiento de las normativas —mediante profesionales matriculados, recetas fitosanitarias y capacitaciones— es la premisa básica, la tranquilización de las comunidades colindantes exige herramientas de validación objetiva.Córdoba dispone de una red de 135 estaciones meteorológicas propias y conecta a 121 municipios en tiempo real con la emisión de recetas fitosanitarias. Esta infraestructura de información en tiempo real, sumada a la implantación de cortinas forestales y el uso de bioindicadores, busca resguardar las condiciones de trabajo del productor sin caer en la judicialización de los procesos productivos.
Entre Ríos: trazabilidad integral del insumo a la aplicación: Carina Gallegos presentó la normativa entrerriana vigente desde enero de 2025, la cual incorporó la seguridad alimentaria como eje central junto a la salud y la protección ambiental. El sistema garantiza la trazabilidad completa de los fitosanitarios, auditando desde el origen (formulador o importador) hasta la logística, la venta y la aplicación en lote.En zonas sensibles, la plataforma digital integra el aviso de aplicación con los registros automáticos de las tres centrales meteorológicas más cercanas. Asimismo, la provincia impulsa el programa «Educación y Comunidad» con el Consejo General de Educación para articular conocimiento técnico con el entorno social.
Cañada Rosquín: cómo mantener 4.000 hectáreas en el esquema productivo
El impacto económico de la gestión del periurbano quedó ejemplificado en la presentación de María Eugenia Racciatti, presidenta comunal de Cañada Rosquín. Frente a propuestas de prohibición total que habrían retirado miles de hectáreas del circuito agrícola local, la comuna optó por el programa “Municipio Verde”, aplicando un esquema de control estricto sobre unas 4.000 hectáreas.
Mediante el uso de recetas agronómicas obligatorias, monitoreo en tiempo real y mesas de diálogo entre ingenieros, aplicadores y vecinos, el municipio logró certificar la seguridad de los procesos tras siete años de auditorías. El modelo permitió evitar pérdidas económicas a la cadena local, previno la proliferación de basurales o plagas en campos abandonados y consolidó el arraigo productivo de la localidad.
Previsibilidad para el desarrollo de la cadena
El cierre del panel dejó en claro que la restricción pasiva desarticula el valor del suelo y genera distorsiones en toda la cadena agroindustrial. La respuesta institucional de la Región Centro apunta a reemplazar los sesgos ideológicos por sistemas de gestión basados en tecnología de precisión, trazabilidad transparente y fiscalización permanente para asegurar la continuidad productiva en las franjas de amortiguamiento.
