Las acusa de realizar prácticas contrarias a la Ley de Defensa de Competencia, a través de la «cartelización» de precios.
La denuncia data del año 2017, concretada por una firma denominada Impulsar (Industrias Medianas y Pequeñas Unidad Locales Sociedad Argentina), quien acusó a la Molino Cañuelas y diversas cámaras empresarias del sector de concertar precios para perjudicar a las empresas más pequeñas. De tal manera, según los denunciantes los actores procuraban «la subordinación de parte de los pequeños molinos con la amenaza de eventuales sanciones institucionales y sus potenciales perjuicios y consecuencias económicas».
Luego de un largo proceso, la Secretaría de Comercio Interior dictaminó a través de la Resolución 332 multar a Molino Cañuelas y la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) en $150 millones de pesos cada una; a la Cámara de Industriales Molineros (CIM) con $ 93.974.602; para la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina el importe asciende a $ 51.131.995.
Cabe señalar que este medio no pudo encontrar referencias de la denunciante.
Respuesta
Todas las partes rechazaron la resolución emitida por la dependencia gubernamental. Particularmente la CIM manifestó «su sorpresa y desconcierto» por la medida, a la que rechazaron por «infundada y arbitraria». Asimismo, indicó que recurrirán judicialmente a la resolución a fin de «revertir esta arbitraria, infundada y desmesurada decisión administrativa».
