Con datos que reflejan menor producción y despidos en el tercer trimestre, la UIC reunió a la UIA, gobernadores y especialistas para debatir infraestructura, automatización y el impacto de la Inteligencia Artificial en las plantas regionales.
Bajo el lema “hacer futuro, en un mundo que cambia, la industria transforma”, la Unión Industrial de Córdoba (UIC) reunió a representantes del sector privado, funcionarios y especialistas para analizar los desafíos de la producción argentina y las condiciones necesarias para mejorar su competitividad. La jornada dejó un diagnóstico compartido: aunque el ordenamiento macroeconómico constituye un punto de partida, la industria enfrenta dificultades de demanda, empleo y costos que requieren respuestas para sostener la actividad y acompañar la transformación productiva.
En la apertura, el presidente de la UIC, José Manuali, convocó a superar la discusión sobre “industria sí o industria no” y concentrar los esfuerzos en propuestas concretas para reducir costos, incorporar tecnología, mejorar procesos y desarrollar mercados. Advirtió que numerosas empresas tienen dificultades para vender, sostener la actividad y definir inversiones, en un escenario en el que la incertidumbre también condiciona las decisiones empresariales.
Manuali planteó que la estabilidad y la disciplina fiscal deben acompañarse de políticas que permitan mejorar la competitividad. Entre las prioridades, mencionó la simplificación de los regímenes impositivos provinciales y municipales, la armonización de exigencias ambientales y habilitaciones, la reducción de costos laborales no salariales y una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. El titular de la entidad también destacó la necesidad de fortalecer la articulación entre empresas, Estado, universidades e instituciones.
Uno de los principales ejes de la jornada fue la necesidad de acompañar a las pequeñas y medianas empresas durante la transición económica. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, reclamó al Gobierno nacional la creación de un Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) adaptado a las PyMEs y sostuvo que el ordenamiento macroeconómico debe complementarse con medidas que estimulen la producción y el consumo.
“La única manera de sostener una macroeconomía ordenada es con crecimiento y desarrollo”, afirmó el mandatario, quien defendió el papel de la inversión privada en la generación de empleo y destacó que Córdoba mantiene una alícuota cero de Ingresos Brutos para la industria. Llaryora también pidió garantizar la prórroga de la ley de autopartes antes de fin de año, con el objetivo de dar previsibilidad a la industria automotriz y a sus proveedores, y reclamó una nueva ley de biocombustibles que permita agregar valor a la producción primaria y generar puestos de trabajo en el interior.
El planteo encontró coincidencias en la exposición de Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), quien advirtió sobre las dificultades que atraviesa el sector durante la transición y propuso establecer un “puente” para sostener a las empresas hasta que los nuevos motores de crecimiento generen un mayor impacto sobre el conjunto de la economía. Según su perspectiva, ese efecto podría comenzar a sentirse con mayor fuerza a partir de 2028.
Rappallini reclamó reducir la presión fiscal, ampliar el financiamiento para capital de trabajo e inversión tecnológica y combatir el contrabando. También planteó la necesidad de mejorar la infraestructura energética, profundizar la modernización laboral y establecer condiciones de competencia frente a la sobrecapacidad industrial de China.
Por su parte, Diego Santilli, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, defendió el rumbo económico del Gobierno y señaló que el agro, la energía, la minería y la economía del conocimiento serán los principales motores del crecimiento. Frente al reclamo por un régimen de incentivos para las PyMEs, confirmó que el Gobierno nacional trabaja en alternativas junto con las áreas de Producción y Finanzas, aunque aclaró que todavía no había definiciones para anunciar.
La situación del sector quedó reflejada en los datos del Pulso Productivo de la UIC, presentados por Josefina Schapira, CEO de Perspectivas Sociales. El relevamiento mostró que más de la mitad de los industriales cordobeses producía menos que en el tercer trimestre de 2025, cuatro de cada diez microindustrias operaban por debajo de su capacidad y una de cada tres empresas había reducido su personal durante el último trimestre. Además, apenas seis de cada cien industriales consideraban competitivo a su sector en el escenario actual.
La demanda aparece como una variable determinante para las decisiones empresariales. Entre las compañías que están peor que hace un año, nueve de cada diez no prevén invertir durante los próximos seis meses. En cambio, entre aquellas que se encuentran igual o mejor que en el período anterior, ocho de cada diez proyectan alguna inversión.
Schapira identificó cinco perfiles de empresas, desde aquellas que buscan sostener la actividad y preservar sus equipos hasta las que intentan crecer mediante nuevas inversiones o incorporar tecnología para ganar eficiencia. También advirtió que tres de cada cuatro industrias que manifestaron estar mejor que hace un año no habían incorporado personal, una señal que abre interrogantes sobre las características de la recuperación.
La necesidad de mejorar las condiciones para invertir también atravesó las exposiciones políticas. Llaryora reclamó un plan logístico estratégico nacional que trascienda los gobiernos e incluya rutas, ferrocarriles, vías navegables, gasoductos y líneas de alta tensión. Según planteó, reducir los costos logísticos y garantizar el acceso a la energía resulta fundamental para aprovechar las capacidades productivas de las provincias.
La incorporación de inteligencia artificial, automatización y análisis de datos fue otro de los ejes centrales. Pepe Cafferata, socio senior y líder de QuantumBlack para América Latina de McKinsey & Company, sostuvo que las empresas de la región deben acelerar las mejoras de productividad y planteó que podrían apuntar a incrementos de entre el 30% y el 40% en los próximos tres a cinco años. Según explicó, cerca del 60% de los puestos de trabajo incluyen tareas susceptibles de automatización.
Tim Lillie, socio y líder de la práctica de Químicos y Agricultura para América Latina de McKinsey & Company, señaló que Argentina destina alrededor del 15% de su PIB a inversión productiva, un nivel que apenas permite renovar el capital existente. El desafío, sostuvo, consiste en mejorar la eficiencia de esas inversiones y aprovechar las ventajas del país en energía, agroindustria, tecnología y servicios asociados a la minería.
De esta manera, el coloquio una agenda atravesada por dos necesidades complementarias: sostener a las empresas que hoy enfrentan dificultades y acelerar las transformaciones que permitan ganar productividad y abrir nuevos mercados. La estabilidad macroeconómica, los incentivos a la inversión, el financiamiento, la infraestructura y la formación de capital humano aparecieron como condiciones para conectar las oportunidades de los sectores en expansión con el resto del entramado productivo.
