El dato se desprende de un informe publicado por el FADA en el que se detalla la carga tributaria sobre la producción agrícola.
La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) indicó que la participación del Estado en la renta agrícola a través del cobro impuestos alcanzó el 67,2%, para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol. En este sentido, el índice FADA en Córdoba registra un 68,3%.
“El Índice FADA arrojó un aumento de 5 puntos con respecto a la medición anterior de octubre de 2022. Uno de los motivos es la profunda sequía que atraviesa el país, lo cual hace que los rindes disminuyan”. Así, el indicador de la presión fiscal que soporta una hectárea agrícola argentina cerró en 67,2%, que equivale a decir que en impuestos de todo tipo se van 67 pesos de cada 100 pesos que se generan en la misma.
Las provincias reciben parte del 23,8% como coparticipación, y también recaudan diversos impuestos. Los impuestos provinciales representan el 5% de los impuestos totales. También están los impuestos municipales que representan el 0,8% de los impuestos en el Índice FADA promedio nacional. El componente central de los mismos son las tasas viales o las guías cerealeras, de acuerdo a la provincia.
“Uno esperaría que si la producción baja, sea por sequía o el motivo que sea, la presión de los impuestos también baje. Sin embargo, por la estructura tributaria que pesa sobre la producción agrícola, un evento adverso como la sequía, en lugar de reducir el peso de los impuestos, lo aumenta”, explica David Miazzo, Economista Jefe de FADA.
De esta manera, los productores agrícolas no sólo se ven afectados por una mayor carga tributaria, sino que una reducción sustancial de la producción genera pérdidas económicas y dificultades para pagar deudas y compromisos. En este tipo de situaciones, si bien todos los productores se ven afectados, los más chicos tienen menor capacidad para absorber el impacto y corren el riesgo de salir de la actividad.
