La iniciativa apunta a tipificar de forma específica los ataques a silobolsas, cultivos, ganado e infraestructura productiva, y busca fortalecer la seguridad jurídica en el campo frente a estos delitos.
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), presentó ante legisladores nacionales un proyecto de ley que busca incorporar la figura de “vandalismo rural” al Código Penal, con el objetivo de tipificar y sancionar de manera específica los delitos que afectan a la producción agropecuaria.
La iniciativa apunta a cerrar vacíos legales que hoy dificultan una respuesta judicial eficaz frente a ataques a silobolsas, cultivos, ganado e infraestructura rural.
La propuesta plantea modificar los artículos 186 y 189 del Código Penal e incorporar el artículo 184 bis, que crea la nueva figura de vandalismo rural. Según el texto, el delito se configurará cuando se afecte el normal desempeño de un establecimiento rural mediante la destrucción, inutilización o daño de bienes esenciales para la actividad agropecuaria, entre ellos:
- Granos y silos bolsa
- Cultivos y plantaciones
- Ganado y forrajes
- Infraestructura y otros activos productivos del campo
En relación a la iniciativa, desde CRA señalaron que “no se trata solo de proteger bienes materiales, sino de resguardar el trabajo, la inversión y la seguridad de quienes producen alimentos en todo el país”. En ese sentido, remarcaron que los ataques a silobolsa y a establecimientos rurales “se han vuelto una práctica reiterada que hoy no encuentra una respuesta penal acorde a la gravedad del daño que provocan”.
La iniciativa propone actualizar el delito de estrago, incorporando nuevas modalidades, como la liberación de patógenos, y estableciendo escalas penales diferenciadas según exista dolo, imprudencia o negligencia. También se prevén agravantes cuando los hechos pongan en riesgo la vida humana o generen consecuencias fatales.
La entidad gremial argumenta que el Código Penal actual presenta falencias para abordar delitos modernos que afectan a la producción rural. “El delito evoluciona y se adapta a nuevas prácticas; la ley debe hacer lo mismo”, sostienen, en referencia a daños intencionales que hoy no encuentran encuadre penal acorde.
Con esta iniciativa, CRA busca fortalecer la seguridad jurídica en el ámbito rural, disuadir ataques contra la producción agropecuaria y proteger el desarrollo económico y social de las comunidades del interior.
